El arbitraje laboral es un mecanismo especializado de solución de conflictos colectivos. Ocurre cuando el diálogo directo entre sindicato y empleador (o incluso asistida por un mediador o conciliador) no funciona y se requiere de un tercero imparcial —el tribunal arbitral— para resolver la controversia.
En el Perú, este procedimiento está regulado por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El arbitraje puede ser voluntario, potestativo (a decisión de los trabajadores) u obligatorio (por ejemplo, cuando una huelga se extiende de manera prolongada en el tiempo y afecta el interés social). Ambas partes presentan sus propuestas finales y un tribunal, compuesto normalmente por tres árbitros, emite un laudo con valor de convención colectiva.
Su importancia radica en que ofrece una alternativa técnica y neutral. Sin embargo, cierto es que acudir al arbitraje implica un reto enorme tanto para los miembros de las comisiones negociadoras como para sus asesores sindicales o legales. El arbitraje requiere de una preparación con alto nivel técnico de las partes, conocer los antecedentes de las decisiones de los árbitros, conocer los fallos judiciales que han resuelto demandas de nulidad contra los laudos emitidos por dichos árbitros, elaborar una propuesta final bien redactada, justificada y razonable.
Si acudir al arbitraje se asume con responsabilidad por las partes, este mecanismo puede mejorar las relaciones laborales, fortalecer la paz social y reducir los costos derivados de los conflictos laborales prolongados.
